Durante los primeros tres meses de 2024 se registraron más de 133 millones de noches y experiencias reservadas en la más conocida de las aplicaciones/plataformas de alquiler temporario en destinos turísticos. Pero paulatinamente esta modalidad de alquiler temporario de muy corto plazo -dos o tres días, lo suficiente como para, por ejemplo, recorrer una ciudad histórica- están siendo restringidas cada vez en más lugares.
Barcelona anunció el mes pasado que se unirá al listado de ciudades que están prohibiendo Airbnb y puso en marcha restricciones a sus operaciones. ¿Los motivos que tuvo el alcalde de Catalunia, Jaume Collboni, para tomar esta decisión que llegaría a la prohibición total de la plataforma en noviembre de 2028? Para combatir el que describió como “el mayor problema de Barcelona”: una crisis de vivienda que dejó a los residentes y trabajadores fuera del mercado inmobiliario por el aumento en el precio de los alquileres, que son ofrecidos a precios más lucrativos a los millones de turistas que visitan esa ciudad cada año.
Así, esperan reincorporar al mercado residencial 10.000 departamentos actualmente registrados como de alquiler temporario en Airbnb y otras plataformas. Pero -como se dijo- Barcelona no es la única ciudad que va contra los alquileres temporales.
Desde septiembre 2023, es ilegal alquilar a corto plazo un departamento en Nueva York sin que se haya registrado con las autoridades de la ciudad y se esté presente en la propiedad cuando alguien se queda. En este caso también se apunta a aliviar la crisis de vivienda.
Berlín fue la primera
Berlín ya había prohibido los Airbnb y los arriendos temporales en 2014, permitiéndolos nuevamente en 2018 bajo estrictos controles. En muchas ciudades costeras de California, los arriendos temporales están prohibidos o altamente controlados.
Pero estas iniciativas forman parte de una movida más amplia: alrededor del mundo, Airbnb -que domina el mercado de esta clase de alquileres con más del 50% de las reservas online- y otras, incluyendo VRBO, Booking.com y Expedia.com, están siendo investigadas, al tiempo que se plantean interrogantes sobre para qué sirve el turismo y dónde está el balance entre los beneficios tanto para turistas como para los residentes en los destinos turísticos.
En Argentina no existen restricciones para este tipo de aplicaciones, pero comienzan a alzarse voces que piden alguna regulación. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la agrupación Inquilinos Agrupados presentó en abril de este año un proyecto de ley para regular el alquiler de viviendas a través de la plataforma Airbnb.
El caso de CABA
Inquilinos Agrupados es una asociación que defiende los intereses de las personas que dependen del alquiler para acceder a una vivienda y según los datos que manejan en CABA hay 35.000 viviendas ofertadas en la plataforma y solo 400 están registradas de acuerdo a lo que exige la ley de la Ciudad. Esta falta de regulación generó consecuencias como "aumentos en los precios de los alquileres, falta de oferta para vivienda permanente y expulsión de habitantes nativos de los barrios porteños".
Desde su lanzamiento en 2007, Airbnb ha sido un elemento revolucionario en la industria turística, ofreciendo en alquiler alojamiento flexible en las ciudades del mundo con el lema de “vive como un residente local” que los hoteles no pueden ofrecer.
Pero en los últimos años, cierto posicionamiento monopólico hizo que esta marca fuera acusada de inflar los precios de las viviendas y afectar a los residentes que sienten que están viviendo al lado de hoteles no regulados.
Pero para los viajeros, estas noticias son muy negativas. Cuando se trata de limitar los alquileres temporarios, los hoteles y las pensiones probablemente serán los principales ganadores, ya que podrán cobrar los precios que quieran, al haber menos competencia.
Los defensores de los alquileres temporarios aseguran, por su parte, que el alquiler temporario no es el único problema que contribuye a la crisis de vivienda y señala que con eso se oculta que también los son los sueldos congelados (o en retroceso), la falta de canales de financiamiento y la baja tasa de construcción de nuevas viviendas.
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